Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado por el Abogado del Estado siguiendo precedentes de la Sala estimados a su favor, por tener interés casacional determinar si la prestación de asistencia sanitaria por Covid 19 a los beneficiarios de las mutualidades se entiende o no incluida en la excepción de actuaciones en materia de salud pública prevista en la D. A. Cuarta de la Ley 16/2003.
Resumen: Se desestima el recurso de reposición interpuesto por Bodegas Condado de Haza, S.L., contra la resolución de 29 de noviembre de 2021 por la que se declara el incumplimiento total de la ayuda y pérdida del derecho al cobro de la ayuda concedida por un importe máximo de 182.446,78 euros. El motivo que determina el incumplimiento se centra en entender que en el plazo legalmente establecido no aportó la documentación y aclaraciones requeridas para subsanar las deficiencias detectadas en la solicitud de pago y otros documentos registrados en la misma, indicándose expresamente que en el caso de que dicho requerimiento no fuera atendido se tendría por desistida su petición de pago de subvención concedida. El recurrente en nuestro caso no podido inscribir la afección de la finca a la subvención en el Registro de la propiedad , que lo regulado y previsto no es un aval o garantía bancaria sino la inscripción en el registro de la propiedad, y esta garantía, que se exige como requisito para conceder la subvención, es la que está prevista en las bases reguladoras y en la resolución de concesión concreta de esta subvención y no puede ser sustituida, alterada o adaptada a las necesidades y voluntad del beneficiario.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional consiste en determinar si la prestación de asistencia sanitaria por Covid 19 a los beneficiarios de las mutualidades se entiende o no incluida en la excepción de actuaciones en materia de salud pública prevista en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Cuestión resuelta por STS de 1 de febrero de 2024 (recurso de casación 8481/2022).
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado por el Abogado del Estado, siguiendo precedentes admitidos y estimados, por tener interés casacional determinar si la prestación de asistencia sanitaria por Covid 19 a los beneficiarios de las mutualidades se entiende o no incluida en la excepción de actuaciones en materia de salud pública prevista en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 16/2003.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional consiste en determinar si la prestación de asistencia sanitaria por Covid 19 a los beneficiarios de las mutualidades se entiende o no incluida en la excepción de actuaciones en materia de salud pública prevista en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Cuestión resuelta por STS de 1 de febrero de 2024 (recurso de casación 8481/2022).
Resumen: La sentencia del Juzgado desestimó el recurso contencioso que solicitaba mediante revisión de oficio el reconocimiento de su derecho a percibir el importe de los trienios establecidos en concepto de antigüedad para el personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, condenando a la Administración demandada a que le abonase la cantidad establecida para el personal laboral en concepto de antigüedad por los trienios consolidados hasta ahora. La parte actora formuló, frente a la referida sentencia, recurso de apelación interesando establecer que el tema ya ha sido resuelto en multitud de Sentencias sobre esta materia que resuelven acerca de esta cuestión controvertida de los Trienios para el personal funcionarizado. Como indica la sentencia apelada, en este caso la actuación denegatoria es firme y consentida, pues no fue objeto de recurso en el plazo de que la parte disponía, ni tampoco el litigio en la primera instancia comienza como consecuencia de la impugnación de ninguna de las nóminas donde se recogía la retribución con el cómputo de los trienios de la recurrente, motivo por el que no cabe censurar la consecuencia desestimatoria que termina dispensando la sentencia de instancia
Resumen: De conformidad con lo dispuesto en la STC 182/2021, de 26 de octubre, las liquidaciones provisionales o definitivas por Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que no hubieran sido impugnadas a la fecha de dictarse dicha sentencia, 26 de octubre de 2021, no podrán ser impugnadas con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la misma, al igual que tampoco podrá solicitarse con ese fundamento la rectificación, ex art. 120.3 LGT, de autoliquidaciones respecto a las que aun no se hubiera formulado tal solicitud al tiempo de dictarse la STC 26 de octubre de 2021.
Resumen: La sentencia desestima la pretensión de la funcionaria al no quedar probado que en el Departamento Cuarto y en relación con las dos fiscalizaciones litigiosas, se hubiera exigido a la demandante que, como funcionaria del subgrupo A2, desempeñase a lo largo de las mismas las funciones propias de los funcionarios del subgrupo A1, y que se le asignara expresamente por quienes eran superiores jerárquicos. De darse tal circunstancia la pretensión de la demandante, siempre referida a un hecho puntual, incidiría en la organización del régimen funcionarial del Tribunal de Cuentas, con el efecto de alterar el régimen retributivo de esos funcionarios concretado en la previsión de complementos de destino y específico.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, por la que se reclamaba una indemnización por los daños causados por la gestión de la pandemia de COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
